Dos exjefes de la cartera de Defensa de Chile salieron a reivindicar el principio de libre navegación en el Estrecho de Magallanes, ante lo que describieron como un comportamiento confuso de las autoridades argentinas respecto a los territorios australes.
Dos exministros de Defensa de Chile pusieron en guardia a la opinión pública sobre la actitud de Argentina frente a los territorios australes, y advirtieron que el comportamiento de Buenos Aires en los últimos meses podría derivar en acciones que contravengan el derecho internacional en la zona del Estrecho de Magallanes.
José Antonio Gómez, que encabezó el Ministerio de Defensa chileno entre 2015 y 2018, fue el más directo en sus declaraciones. Cuestionó lo que calificó como un comportamiento confuso de las autoridades argentinas y no descartó que esa conducta desemboque en algún escenario que supere las normativas internacionales vigentes. "Teniendo presente cómo ha actuado Argentina en todo este tiempo, uno podría esperar ahí una acción bastante absurda e irregular desde la perspectiva del derecho internacional, porque lo que está definido ahí claramente es que es el Estrecho de Magallanes y la zona tiene la posibilidad del transporte abierto", sostuvo Gómez. Otro de los exministros consultados adoptó un tono más cauteloso y prefirió esperar la evolución de los hechos antes de pronunciarse sobre posibles escenarios. "Pero vamos por etapas, veamos qué pasa primero", señaló.
W. Bulach — CC BY-SA 4.0
El Estrecho de Magallanes es, desde el Tratado de 1881 entre Argentina y Chile, una vía de tránsito libre para buques de todas las banderas, sin posibilidad de bloqueo ni imposición de restricciones por ninguna de las dos partes. Chile ejerce soberanía sobre el estrecho pero asumió el compromiso de mantenerlo abierto, lo que hace que cualquier interferencia en ese principio sea un asunto de peso para Santiago y para la navegación internacional en el Atlántico Sur. La referencia a Malvinas en el título de la controversia instala el interrogante sobre si Buenos Aires podría intentar condicionar el tránsito en esa área como parte de una presión más amplia en la disputa con el Reino Unido por las islas, aunque la fuente disponible no desarrolla ese vínculo de manera explícita.
La tensión geográfica entre Argentina y Chile en el extremo austral del continente tiene raíces largas. Los diferendos limítrofes en el Canal Beagle y en los pasos interoceánicos dominaron décadas de relación bilateral y estuvieron cerca de derivar en un conflicto armado en 1978, antes de que la mediación papal llevara al Tratado de Paz y Amistad de 1984. Desde entonces, la relación se normalizó, pero la sensibilidad sobre soberanía y derechos de navegación en el extremo sur jamás desapareció del todo.
Que exministros salgan a plantear estos escenarios públicamente no es un gesto menor. Supone que, al menos en sectores del establishment de defensa chileno, hay una lectura de que la política exterior argentina en el sur presenta señales de imprevisibilidad que merecen ser señaladas. El hecho de que se invoque expresamente el derecho internacional como parámetro frente a las posibles acciones de Buenos Aires da cuenta del nivel de preocupación que circula en Santiago. La palabra "irregular" usada por Gómez para describir una eventual conducta argentina no es un término diplomático, sino uno cargado de consecuencias en el vocabulario del derecho internacional: implica una acción que viola normas acordadas y reconocidas por las partes.
